En el Día Internacional de la Salud Mental, Iván Ase y Jacinta Burijovich nos adelantan sus reflexiones sobre el proceso de implementación de las Leyes de Salud Mental Provincial N° 9.848 y Nacional N° 26.657, las cuales están vigentes y fueron sancionadas ya hace casi 15 años. En particular analizan la evolución del presupuesto provincial que debería ser destinado para la trasformación y que por norma debería alcanzar un piso mínimo del 10% del presupuesto total de Salud, tal como lo señalan los estándares internacionales en la materia.
Por Sole Buhlman. En el artículo que será publicado en Cuadernos de Coyuntura se preguntan sobre los avances presupuestarios de los últimos años en Córdoba y el estado de situación en medio de un ajuste sostenido. Analizan la evolución del gasto en Salud Mental en el período 2015-2024 en contexto del gasto en Salud en general para el mismo período. En principio, expresan que este año, la conmemoración adquiere particular relevancia: por un lado, porque la Argentina actual está siendo sometida por parte del Gobierno Nacional a un ajuste del gasto público que provoca un “enorme impacto en términos de empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad, en particular, de los sectores más vulnerables, y afecta la posibilidad de prestar los servicios estatales en la mayoría de sus áreas”. Por otro lado, por la intensificación de un movimiento añoso que pretende desmentir las leyes vigentes de Salud Mental. Tergiversando la letra de la norma y con intención de incidir en la opinión pública, algunos sectores con impacto en los medios de comunicación nacionales, denuncian abandono por parte del Estado, desamparo y desatención; y responsabilizan erróneamente a la Ley de Salud Mental.
Indican que Córdoba no queda al margen. El ajuste fiscal y la deslegitimación de estas leyes son también un obstáculo para el proceso de implementación local. Esto aparece acompañado de un discurso del Estado provincial que dice estar comprometido con las leyes de salud mental y su implementación; pero que se aleja y contradice con las condiciones concretas denunciadas por colectivos y actores que integran el campo. La provincia asocia las críticas sobre las limitaciones e insuficiencias de este proceso, las denuncias por falta de recursos, personal o servicios comunitarios no manicomiales, con resistencias al cambio, politización de las problemáticas o impaciencia.
En definitiva, Ase y Burijovich se preguntan si la escasez de recursos denunciada “es exclusivamente imputable a los limitados recursos nacionales puestos a disposición de los gobiernos provinciales para avanzar con las reformas aquí analizadas (situación agravada de manera extraordinaria durante el año en curso) o si, por el contrario, el proceso de transformaciones provinciales en salud mental ha sido funcional a un modelo de gestión presupuestaria provincial que, al menos en los últimos años, no ha tenido como prioridad la política de salud en general y, mucho menos, la de salud mental en particular”.
Asimismo, en una minuciosa recapitulación de un proceso de transformaciones complejas afirman que tanto la Ley Nacional y la Ley Provincial en materia de garantía del derecho a la salud mental “son un paso de suma importancia en el objetivo de lograr para nuestro país una política de estado en salud mental que esté apoyada sobre tres ejes: enfoque de derechos, atención primaria de la salud y desmanicomialización. Estos ejes implican un salto de calidad en lo que han sido las políticas sanitarias en las últimas décadas”.
Entienden que el primer desafío es retomar un sendero de política pública en el campo de la salud de carácter universalista. Y esto, exige romper con la tradición “focalizadora” o “residual” aplicada al campo de la política social hegemónica a la que diversos gobiernos nacionales y provinciales han adherido con la aparición del paradigma neoliberal.
Por lo tanto, indagan si el Estado está en condiciones de asumir semejante desafío, de “promover el debate en relación a las capacidades estatales y las posibilidades de que éstas impulsen políticas públicas garantes del derecho a la salud y a la salud mental”. Entienden que esto implicaría aportar al proceso de reconstrucción del Estado en materia sanitaria, “tarea de por sí ya compleja pero que se agrava en el contexto político actual en el cual el gobierno nacional impugna la cultura de derechos y la responsabilidad estatal en el campo de lo social”.
Entonces, cumplir con los estándares propuestos y compromiso estatal con la implementación de las normas implicaría: incremento los recursos asignados para transformar los manicomios, respetar los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, abrir nuevos dispositivos sustitutivos, construir una red articulada y coordinada de efectores, capacitar al recurso humano, modificar/ repensar prácticas, y reconducción las partidas presupuestaria originalmente asignadas a las instituciones asilares monovalentes hacia dispositivos y servicios acordes al nuevo paradigma.
Para analizar el presupuesto de salud mental en la Córdoba de los últimos años exponen DATOS VERSUS RELATO:
Entre 2015-2023 el gasto Salud-Salud Mental
- El gasto en salud de la Provincia de Córdoba cayó porcentualmente en relación al presupuesto total de la provincia. A partir de la etapa “post-descentralización”, este gasto se ubicó en un 10% del total del presupuesto provincial. Desde 2015, el porcentaje ha descendido al 8-9%, con excepción de los años 2020-2021 producto de la pandemia, momento desde el cual retoma la tendencia descendente.
- El gasto destinado a Salud Mental, presenta una tendencia constante a disminuir su porcentaje en relación, tanto a la Finalidad Salud, como a los gastos del Ministerio de Salud. Durante este período, el área de Salud Mental ha perdido casi 2 puntos porcentuales en relación a la totalidad salud (6,97% al 4,85%). Tendencia que no se alteró ni siquiera durante los años de pandemia.
2024 gasto Salud-Salud Mental
Se compararon las ejecuciones presupuestarias al 30/6 de los años 2023 y 2024 publicadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- El gasto en Salud al 30/6/24 está retornando al porcentaje histórico del 10% del total. No por la asignación de más recursos sino como producto del ajuste del gasto provincial general durante este año.
- El gasto en Salud Mental muestra la profundización de una tendencia declinante del porcentaje en relación al total para Salud (del 4,91% al 4,51%). Es decir que, en términos porcentuales, el gasto en Salud Mental tiene una tendencia a la baja de manera permanente y bajo cualquier circunstancia general.
Estas conclusiones son corroboradas al analizar las cifras ajustadas por inflación
- Cuando despejan el efecto inflacionario sobre el presupuesto en Salud, se percibe una caída desde 2015 solo interrumpida por los años marcados por la pandemia.
- Las partidas generales de Salud, Ministerio de Salud y Finalidad Salud, perciben recortes respecto a 2015, con recuperación durante la pandemia y retoma la tendencia hacia la baja en 2022 aunque con niveles similares a los previos a la crisis sanitaria. La pérdida acumulada para todo el periodo alcanza el 30% respecto a 2015 (aunque ya en 2019 esa pérdida era del 25% en promedio). Si bien los recortes se profundizaron luego de la pandemia no marcan sustanciales diferencias sobre 2019.
- En los programas vinculados a Salud Mental la dinámica contractiva es más profunda. La pérdida acumulada entre 2015-2023 es de 52%, y entre 2019-2023 es de 22%. La caída nunca se detuvo a pesar de la crisis sanitaria, incluso la caída más grande se produce entre 2021 y 2022.
La dinámica de la masa salarial de estos rubros del presupuesto:
- La masa salarial de Salud General: sigue en buena medida la dinámica del rubro y lo conforma a este en más de 2/3 partes. Sin embargo, se ve amesetado desde 2019, no registrando el incremento que se percibió en Salud General durante 2020 y 2021, y sosteniéndose incluso durante la caída de los años posteriores.
- El personal abocado a tareas de Salud Mental: la dinámica acompaña la tendencia general. Hay años donde se distancian más, pero llega a 2023 con el mismo recorte que los fondos totales de los programas del área. En el caso de Salud Mental, el presupuesto destinado al personal explica 3/4 partes del total presupuestado, una proporción superior a la media de la Salud provincial.
Composición de los programas afectados a Salud Mental en el presupuesto.
Existen dos programas que hacen a las políticas de Salud Mental: el 461, destinado al financiamiento de centros de salud mental; y el 681, que asigna presupuesto a políticas de prevención y tratamiento de adicciones.
- En 2024, 92% del presupuesto es asignado al programa 461, el programa más grande y representativo del presupuesto en Salud Mental.
- Entre 2015 y 2023, el presupuesto en Salud Mental cayó 52%, pero el programa 461 lo hizo en 55%. El incremento real del 41% en el programa 681 no alcanzó a compensar la caída total en los programas de Salud Mental. La base de comparación del programa 681 es 2016, momento de creación del mismo con un presupuesto muy exiguo.
- Los subprogramas que componen al programa 461: todas las partidas fueron sometidas a recortes, aunque en términos relativos quien mayores recortes percibió fue el Instituto Provincial De Alcoholismo y Drogadicción. La incidencia sobre el total del ajuste del 55% del programa 461 el 22% lo aporta el ajuste sobre el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal (Oliva); esto equivale a decir que, de cada 10 pesos de recorte presupuestario en Salud Mental, 4 salieron del hospital de Oliva.
- Comparación entre 2015 y 2024 en la cantidad de cargos presupuestados en cada sub-programa del programa 461: disminución de 250 cargos durante el período.
Recursos de 2024 en relación a 2023 (utilizando ejecución presupuestaria acumulada al mes 6 de cada año y descontando el efecto inflacionario para hacerlos comparables)
Medido en pesos de 2024, al primer semestre todas las áreas bajo estudio perciben recursos menores a los percibidos en el primer semestre de 2023. El gasto en personal de Salud percibió más recortes, con una disminución de 20% en relación con el primer semestre de 2023. Les siguen los recursos vinculados a los siguientes programas: Salud Mental (-13%), Finalidad Salud (-5%) y Ministerio de Salud (-4%).
La lectura de este estudio fundamental, que reseñamos aquí y que será publicado integralmente en la Revista Digital Cuadernos de Coyuntura de la Facultad de Sociales de la UNC deja flotando como conclusión la pregunta obvia pero necesaria, particularmente en tiempos de malestar colectivo producido por políticas de destrucción de todas las bases elementales de la vida en comunidad: ¿Qué políticas de salud mental pueden implementarse mediante el desfinanciamiento constante y el desmantelamiento del sistema? La verdad que duele, en el Día Mundial de la Salud Mental, es que el relato oficial no puede ya tapar con la mano el vaciamiento justificado por la supuesta transformación. Porque como lo decimos siempre, para cerrar el sistema manicomial hay que abrir dipositivos de inclusión y para eso hay que invertir. Ante este panorama, nuestra consigna es la de la 11º Marcha que se viene en noviembre: «CUIDAR LO PÚBLICO, FORTALECER LA COMUNIDAD, DEFENDER LA DIGNIDAD».
