Hoy más que nunca, la Salud Mental está en los Derechos. 10 de octubre Día Internacional de la Salud Mental

Hoy más que nunca, la salud mental ha dejado de ser un asunto meramente clínico para situarse, en el centro de los derechos humanos. Es un indicador de injusticia social y un síntoma político directo de las políticas de ajuste implementadas en los últimos años. La urgencia reside en la magnitud de una crisis que solo puede resolverse mediante la acción política y la garantía de derechos fundamentales.

No es vulnerabilidad psíquica, es injusticia social

A partir de la asunción del actual gobierno, el país experimenta un proceso de transformación que amenaza un gran número de derechos humanos fundamentales. El sufrimiento generalizado que esto produce es consecuencia de políticas públicas que manifiestan una regresión en el rol del Estado.

El ajuste fiscal, el desmantelamiento de programas sociales y la precarización laboral han disparado el estrés, la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida, especialmente en sectores vulnerables como mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza. A su vez, las políticas de austeridad reducen el acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos debido al cierre de programas específicos y la sobrecarga y desfinanciamiento del sistema público.

El malestar psicológico y las políticas de ajuste están estrechamente relacionados: las medidas de austeridad económica generan condiciones que afectan negativamente la salud mental de las personas. Estas políticas, caracterizadas por el recorte del gasto, la precarización y la desregulación, incrementan la vulnerabilidad psíquica de la sociedad.

El malestar colectivo es político

El bienestar y el sufrimiento subjetivo son la expresión íntima y dolorosa de las condiciones estructurales y sociales en las que se desarrolla la vida. Cuando la estructura social falla en proveer seguridad, pertenencia y propósito, la psique se resiente de manera colectiva.
Los altos niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico que afectan masivamente a la población no son una «epidemia individual» de desajustes biológicos, sino la expresión subjetiva de condiciones objetivas de injusticia. Es imperativo desplazar la culpa del individuo a la estructura social. La raíz del sufrimiento surge de la precariedad laboral, la escasez de vivienda, la violencia y el individualismo que fractura los lazos comunitarios.

Cuando la angustia y la depresión se disparan, es una señal irrefutable de que el sistema está vulnerando los Derechos. La incapacidad para garantizar la dignidad humana convierte a la salud mental en una medida fundamental de la calidad de la democracia.

La Salud Mental colectiva es un indicador de injusticia social y un síntoma político directo de las políticas de ajuste implementadas en los últimos años.

Ajuste vs. dignidad: la devastación de la Salud Mental

Las dolencias psíquicas no son aleatorias; tienen una dimensión política profunda que las sitúa directamente en la esfera de los derechos. La discriminación sistémica (racismo, homofobia, sexismo) crea un «estrés de minorías» que es un sufrimiento político derivado de la violación del derecho a la igualdad.
El malestar no es retórico, sino cuantificable. El aumento exponencial de las consultas e internaciones en servicios de salud mental en diversas provincias evidencia el daño psicosocial provocado por la desigualdad y las políticas de austeridad que imponen un sufrimiento intolerable.

Desprivatizar el sufrimiento y politizar el bienestar

La urgencia del derecho a la salud mental nace de la necesidad de quebrar el modelo psiquiátrico tradicional, históricamente ineficaz y violatorio. El enfoque centrado en el encierro, la medicalización excesiva y la negación de la autonomía representó una violación sistemática de los DDHH de las personas con padecimientos mentales. La salud mental exige un cambio de paradigma hacia la justicia social y la salud mental colectiva.

La medicalización (reducir el dolor a etiquetas diagnósticas) y la individualización de la culpa silencian las verdaderas causas estructurales del malestar. El mito del «desequilibrio químico» exime de responsabilidad al Estado. Una visión de derechos exige que el Estado garantice las condiciones sociales y económicas para el bienestar, respetando la capacidad jurídica, prohibiendo los tratamientos forzosos y asegurando la autonomía para tomar decisiones.

El malestar psicológico no solo es un efecto colateral, sino que también puede ser utilizado como un mecanismo de control social para desmovilizar y fragmentar a la población afectada. El modelo de derechos exige desmantelar prácticas coercitivas y transitar hacia una atención comunitaria, interdisciplinaria y respetuosa de la autonomía, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Un asunto colectivo: la Salud Mental como proyecto de dignidad

La lucha por la salud mental es una lucha por los derechos humanos porque implica resistir el retroceso hacia modelos ineficaces y violatorios de la dignidad.
La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) es en nuestro campo el estándar mayor de DDHH. Los intentos de reforma regresiva, buscan habilitar manicomios y aumentar las internaciones involuntarias sin control, contradiciendo estándares internacionales que consideran el encierro prolongado como antiético, ineficaz y potencialmente constitutivo de trato cruel.
Este enfoque regresivo de encierro y medicalización excesiva se basa en una ideología neoliberal que despolitiza el sufrimiento. Se busca «administrar el sufrimiento para hacerlo manejable y rentable» (beneficiando a intereses privados), en lugar de garantizar una vida digna y en comunidad.
La respuesta oficial al sufrimiento provocado por las políticas de crueldad ha sido la indiferencia e incluso la amenaza de incrementarlo. La salud mental se convierte en una denuncia contra un gobierno que degrada a los ciudadanos a la categoría de «individuo libertario aislado», minando la posibilidad de resistencia.
La defensa de la salud mental es inseparable de la defensa de la justicia social. El camino está en la ley vigente: políticas integrales que aborden las causas sociales del sufrimiento, dispositivos comunitarios de acompañamiento y un Estado que asuma su responsabilidad. Como sostiene el argumento: «lo psicológico es político». La salud mental es la medida de la justicia social y el compromiso con la dignidad humana exige «sanar» las estructuras que producen el padecimiento.

La salud mental no puede ser considerada un logro individual. Es una responsabilidad social, un tejido colectivo, una práctica cultural, un proyecto político y humano.