Hay una visión muy extendida y generalizada en nuestra sociedad de que la política está para los grandes temas: los números de la deuda externa, las cifras del desempleo, las tasas de interés, la bolsa y el mercado. Poco se consideran en las altas esferas de la política que los dolores cotidianos, las ansiedades y las angustias diarias de una gran cantidad de personas que sostienen sus vidas precarizadas sean un problema público que requiere de especial atención.
Por Jaschele Burijovich para La tinta
Estamos atravesando una época de mucho padecimiento, un malestar difuso y persistente. En las conversaciones entre amigos/as y compañeros/as de trabajo, se comparten estas vivencias, las dificultades para dormir, la necesidad de tomar alguna pastilla para tranquilizarse, los conflictos en los vínculos cercanos. Antes de la COVID-19 y de la crisis económica actual, ya teníamos graves problemas de salud mental que la pandemia ha profundizado. Numerosos equipos de investigación de nuestras universidades corroboran esta afirmación.
Sin embargo, esta atmósfera de desmoralización y desasosiego no ingresa como problema en la agenda pública y mucho menos en la agenda de gobierno. Se naturaliza el consumo de ansiolíticos y antidepresivos (“la tranquilidad recetada”), los conflictos violentos, la pérdida de los lazos sociales, mientras que la política “en serio” pasa por otro lado.
Hace unos meses, Iñigo Errejón Galván -dirigente y legislador por Más País- introdujo este debate en el Congreso de Diputados de España y fue ridiculizado por un diputado del Partido Popular (PP) con la frase “vete al médico”. A pesar de este intento de minimizar el tema, la discusión sobre la salud mental se ha extendido en España logrando superar la estigmatización y la visión que reduce estos problemas a cuestiones individuales. Dijo Iñigo en el Congreso: “Quizás haya que recuperar una política ingenua que se atreva a decir que la vida no debería doler tanto y a tantos, que no tenemos un objetivo más importante que hacer más fácil que la vida sea feliz. Habrá quien objete que este es, en todo caso, un objetivo individual, pero parece evidente que, si tanta gente sufre de lo mismo, eso significa que hay causas compartidas y modificables”.
La intervención de Iñigo Errejón ha generado que muchas personas hablen de lo que les pasa, lo que permite ampliar su comprensión y entender que es un problema estructural y de dimensiones masivas. Es un paso que tenemos que dar en nuestro país, en particular en Córdoba, para generar esta indispensable conversación social y pública que no debe ser circunscripta al ámbito de lo privado.
El segundo paso es lograr politizar este sufrimiento. Hay una determinación social, hay un modelo de construcción de vínculos, hay una sobreexigencia material y una dificultad para avizorar proyectos futuros en común, todo lo cual produce un “malestar sobrante”, tomando las palabras de Silvia Bleichmar. Que tanta gente tenga estos padecimientos no es una casualidad. Una acción posible es generar dispositivos que nos permitan reflexionar, elaborar y llevar adelante acciones colectivas.
Una tercera medida es ampliar y fortalecer los equipos interdisciplinarios, y los servicios de salud mental. Cumplir con la ley de salud mental 26.657, que ha sido sancionada ya hace 12 años, y combatir a sus detractores. Esta ley propone un modelo comunitario de atención para acompañar a las personas en la construcción de proyectos de vida con dignidad.
Una cuarta medida es poner en marcha una política que se sintetiza en una consigna que se viene sosteniendo desde hace muchos años: “La salud mental en todas las políticas”. Un compromiso de “todo el gobierno” y “toda la sociedad” es fundamental para abordar las urgencias que tienen las personas y los colectivos en cuanto a la salud mental y el apoyo psicosocial. Es esencial incluir la salud mental en todas las políticas y estrategias, especialmente las políticas educativas, económicas, laborales y de empleo, ambientales y sociales. “Este enfoque intersectorial es necesario para garantizar una respuesta adecuada ante la magnitud de las necesidades relacionadas con la salud mental, que se agudizaron con la pandemia de COVID-19, y para brindar apoyo a la población en la fase de recuperación”.
Es fundamental insistir en que la pandemia no ha afectado de igual manera a toda la población. Los sectores sociales más empobrecidos han sido los más golpeados. También en salud mental. Si bien hay un dolor masivo, el sufrimiento mayor se concentra en los grupos más vulnerabilizados.
Todas estas acciones pueden ser una primera malla de contención social. La política donde importa tiene que priorizar las estrategias de cuidado colectivo, evitar las precariedades construidas, promover el disfrute y relaciones sociales cooperativas, y, sobre todo, al decir de Álvaro García Linera, debe ser una “praxis articuladora de las esperanzas colectivas”.
Jaschele Burijovich es docente investigadora de IIFAP Facultad de Ciencias Sociales. Miembro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.