En julio se anunció que a partir del 1° de agosto de 2025 el Centro Psico Asistencial (CPA) será cerrado. Las personas que allí se encuentran alojadas fueron trasladadas a un nuevo hospital modular construido dentro del Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
Aunque este cierre es, en principio, un triunfo para las organizaciones sociales que venimos exigiendo el fin de esta institución desde hace años, no podemos celebrar una medida que, en lugar de desmanicomializar, profundiza el encierro.
El traslado de personas con padecimientos mentales a una cárcel, aunque se la llame «hospital», es un paso atrás en materia de derechos humanos. Nos sorprende el secretismo con que se ha tomado esta medida y, por lo tanto, exigimos que se invite a las organizaciones de salud mental y a los organismos de derechos humanos a conocer el lugar y que lo abran para que se conozca y no se reproduzcan las lógicas manicomiales. Nos preocupa enormemente que este nuevo centro de Bouwer sea inaccesible para el monitoreo externo de las organizaciones sociales y de los organismos de derechos humanos y que, por su ubicación y contexto, se dificulte la contratación de profesionales de salud mental comprometidos con un abordaje comunitario.
Aunque este cierre es, en principio, un triunfo para las organizaciones sociales que venimos exigiendo el fin de esta institución desde hace años, no podemos celebrar una medida que, en lugar de desmanicomializar, profundiza el encierro.
Además, el cierre del CPA no debe quedar en una mera reubicación. Exigimos que se investiguen y se den explicaciones claras sobre las muertes y las vulneraciones a los DDHH que ocurrieron en esa institución a lo largo de los años. La falta de transparencia y la impunidad no pueden ser parte de la transición.
Continuamos reclamando la creación y puesta en marcha del Órgano de Revisión en Salud Mental y del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en los Lugares de Encierro. Estos dispositivos son esenciales para monitorear el cumplimiento de la Ley de Salud Mental (N° 26.657), garantizar un trato digno y humanitario, y prevenir la vulneración de derechos en los centros de internación y otros espacios de reclusión. Su ausencia actual es una señal preocupante del control que el Estado ejerce sobre la vida de las personas internadas.
Exigimos que se investiguen y se den explicaciones claras sobre las muertes y las vulneraciones a los DDHH que ocurrieron en esa institución a lo largo de los años. La falta de transparencia y la impunidad no pueden ser parte de la transición.
Esta decisión demuestra que, a pesar de los discursos, el Gobierno de Córdoba sigue priorizando la lógica de la seguridad y el encierro por encima de la Ley Nacional de Salud Mental, que prohíbe la creación de nuevos manicomios y promueve la atención en centros de base comunitaria. Desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos seguimos reclamando una verdadera desmanicomialización y una política de salud mental que garantice la inclusión y el respeto a la vida de todas las personas.
