En el libro, Lo mío es mío y lo tuyo es mío (EDULP, 2025), recientemente publicado, el capítulo dedicado a analizar la situación de la salud mental estuvo a cargo de nuestra compañera Solana Yoma. Bajo el título “Salud mental en la era Milei: de la determinación social a la propuesta asistencial”, Yoma analiza cómo las transformaciones económicas y políticas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza impactan directamente en el bienestar psíquico de la población y cómo la respuesta estatal se reconfigura hacia un modelo regresivo y vulnerador de derechos. En esta nota compartimos una reseña del artículo, y ponemos a disposición para descargar el libro completo.
Acaba de ser publicado un libro colectivo que aborda, en tiempo real, un análisis crítico con múltiples entradas sobre las políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei y sus efectos sobre los derechos humanos y las condiciones de vida en la Argentina actual. En Lo mío es mío y lo tuyo es mío (EDULP, 2025) «se explican los canales de transmisión mediante los cuales se profundiza la regresividad en la distribución de los ingresos y en el deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, reconstruyendo de qué modo una amplia gama de derechos humanos es sacrificada en el altar del neoliberalismo en Argentina». Compilado por Juan Pablo Bohoslavsky, el libro cuenta con un plantel de más de 40 investigadores que desarrollan en más de 20 artículos temas como la propiedad como derecho social, la privatización de los servicios esenciales, los derechos laborales, la institucionalidad ambiental, la protesta social, la deuda, la situación alimentaria, la protección social, la situación de los adultos mayores, la desigualdad de género, entre muchos otros.
En el capítulo que aborda la situación de la salud mental nuestra compañera Solana Yoma analiza cómo la combinación de deterioro socioeconómico y decisiones públicas de corte neoliberal —durante el gobierno de La Libertad Avanza— ha aumentado el sufrimiento psíquico en la población argentina y cómo la respuesta estatal tiende a individualizarlo y medicalizarlo, retrocediendo incluso hacia modelos asilares que vulneran derechos.
Salud mental y determinantes sociales
El punto de partida del artículo brinda el marco conceptual y político: la cita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda una vez más que la salud mental no puede reducirse a un asunto clínico o individual, sino que se encuentra profundamente determinada por condiciones sociales: pobreza, acceso al trabajo, educación, vivienda, alimentación y redes de cuidado. Esta definición contradice la mirada biologicista y coloca al Estado en el centro de la responsabilidad de garantizar derechos. En ese marco, el sufrimiento psíquico no aparece como una cuestión individual, sino como el resultado de condiciones sociales y económicas concretas. La crisis inflacionaria, el ajuste fiscal, la precarización laboral y la reducción de políticas sociales configuran un escenario que agrava la angustia, la depresión y los trastornos de ansiedad en amplios sectores de la sociedad. Punto de partida y diferencia esencial con la perspectiva del gobierno libertario: «las políticas de austeridad instrumentadas en el primer año de la LLA impusieron un sufrimiento intolerable a buena parte de la población (…) esto tuvo (y tendrá) graves correlatos en la salud mental de los habitantes».
Evidencia del daño psicosocial
El artículo respalda su diagnóstico con datos provenientes de investigaciones nacionales e internacionales, así como con cifras oficiales y provinciales. La literatura comparada demuestra que el desempleo, la inseguridad laboral y la desigualdad se asocian con un aumento en el consumo problemático de sustancias y la demanda de atención en salud mental. En la Argentina, el texto recoge evidencias concretas: en Santa Fe, entre 2022 y 2024 las consultas de salud mental aumentaron un 133 %; en Córdoba se triplicaron las atenciones; en Salta, Jujuy y San Juan también se registraron incrementos significativos de consultas e internaciones. Estos datos muestran que el malestar no es abstracto ni retórico: tiene una expresión directa en los servicios de salud pública, que se ven desbordados.
las políticas de austeridad instrumentadas en el primer año de la LLA impusieron un sufrimiento intolerable a buena parte de la población (…) esto tuvo (y tendrá) graves correlatos en la salud mental de los habitantes
Políticas públicas: de la ley 26.657 a la Ley Ómnibus
El artículo dedica un apartado central al análisis de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) y de los intentos del gobierno nacional por modificarla a través de la primera versión de la denominada “Ley Ómnibus”, (rebautizada luego en su versión recortada como “Bases”). Allí se proponían cambios sustanciales: habilitar nuevamente la creación de instituciones psiquiátricas monovalentes, ampliar las internaciones involuntarias con menores requisitos de control, otorgar mayor discrecionalidad al poder judicial para decidir encierros y debilitar los organismos de control social. Estas reformas implicaban un retroceso hacia el modelo asilar, basado en la segregación y la cronificación de las personas con padecimientos psíquicos. Un modelo ya probado como ineficiente, costoso y, sobre todo, violatorio de derechos humanos. La movilización del campo de la salud mental y de los organismos de derechos humanos logró frenar parcialmente estos cambios en el Congreso, pero el artículo recuerda que la amenaza permanece latente.
La vuelta a políticas manicomiales contradice los estándares internacionales fijados por la OMS, la OPS y el propio ACNUDH, que definieron a los abordajes en hospitales psiquiátricos monovalentes, no sólo como antiéticos y iatrogénicos, sino ineficaces e ineficientes. La internación prolongada sin garantías suficientes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Además, la medicalización descontextualizada del sufrimiento favorece a intereses privados —industrias farmacéuticas y prestadores de internaciones—, al tiempo que invisibiliza la responsabilidad estatal sobre las condiciones de vida.
El artículo indaga en la contradicción entre las políticas de ajustes del gobierno nacional y los recursos que demandan los abordajes manicomiales, contrarios a la ley de salud mental: «en el marco de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno de la LLA, ¿cómo se justificaría la decisión de sostener internaciones prolongadas en instituciones que no sólo son cuestionables en términos ético-jurídicos, sino también en términos económicos- financieros?» La racionalidad no es de política económica, sino de ideología neoliberal y de negocios (si cabe la distinción). La contradicción es un claro ejemplo que evidencia que debe pensarse una racionalidad neoliberal, «no sólo como un modelo económico sino como un arte de gobierno que produce subjetividades y modula los afectos individuales y colectivos» en terminos de individualismo narcisista, promesa meritocrática, incertidumbre y padecimiento subjetivo, y una atención farmaco-psicoterapéutica individual, brindada por actores (laboratorios, droguerías, clínicas psiquiátricas privadas, etc.) a los cuales se les habilita generosos negocios. En palabras de la autora, se trata de “administrar el sufrimiento para hacerlo manejable y rentable”, antes que de garantizar una vida digna y en comunidad. Esta propuesta reafirma que el camino no es volver al encierro, sino profundizar la construcción de redes de cuidado en libertad, con enfoque de género, interseccional y de derechos.
Lo psicológico es político. La salud mental está en los derechos.
La lectura del artículo abre un interrogante que va tomando forma a medida se avanza en las páginas: esta afectación en la salud mental de la población argentina, ¿es una consecuencia de las políticas de ajuste, o una condición necesaria para implementar este tipo de políticas? O dicho de otro modo: ¿es un efecto de la crisis, (algo así como un daño colateral) o una política en si misma, de disciplinamiento social, diseñada para imponer un modelo de sociedad con menos posibilidad de resistencia? El artículo da por ciertas ambas opciones, pero al tiempo conversa con los distintos capítulos de esta obra colectiva, a los cuales el artículo aporta una lectura rigurosa del impacto psicosocial del gobierno libertario. Como dice Oscar Ozlak en el prólogo: «estas diferentes “miradas” permiten caracterizar el “rol del Estado” desde una perspectiva rigurosa y desagregada, proporcionando un conocimiento detallado sobre los derechos laborales, asistenciales, recreativos, educacionales y tantos otros que han sido conculcados por los múltiples impactos que genera la capilaridad social del Estado bajo un régimen “anarco-capitalista”.
Esta es una línea central sobre la que va bordeando el texto y que Solana recoge hacia el final para concluir con una advertencia que da luz para responderla: ante la configuración político-jurídica de los ciudadanos como sujetos de derecho (por ejemplo, a la salud mental) el gobierno de Milei los degrada a una categoría de individuo libertario aislado de su comunidad, y por ello «la respuesta oficial del gobierno (al sufrimiento psíquico provocado por las políticas de crueldad implementadas por el propio gobierno) no sólo se ha mostrado indiferente a este sufrimiento, sino que ha instrumentado medidas que podrían incrementarlo mediante el internamiento forzoso en hospitales psiquiátricos, que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y es considerado como una práctica cruel, inhumana y degradante.»
El capítulo de Solana Yoma constituye una denuncia sobre los daños concretos que ya enfrentamos como sociedad y ante lo cual la respuesta estatal es aún más crueldad y regresividad de derechos. El padecimiento sólo se incrementará si prosperan las reformas regresivas en materia de salud mental: más encierro, más medicalización, más vulneración de derechos. «Las condiciones socioeconómicas impuestas por las referidas políticas de austeridad ya se encuentran produciendo impactos en la salud mental de la población y que, de no abordarse tales causas generadoras del malestar ni instrumentarse medidas para paliar sus efectos, estos padecimientos podrían incluso profundizarse.»
Pero también ofrece un horizonte posible que ya está expresado en la ley vigente, la misma que las organizaciones y movimientos de todo el país defienden hace ya 15 años, resistiendo los ataques neoliberales: políticas integrales que atiendan las causas sociales del sufrimiento, dispositivos comunitarios de acompañamiento y un Estado presente que asuma su responsabilidad. En otro capítulo, precisamente en el que abre el libro, Bohoslavsky expresa una mirada esperanzadora que dialoga con el capítulo de Yoma: «Aun con todo, las representaciones compartidas relacionadas a las aspiraciones sociales y los deseos colectivos para un futuro mejor no han logrado ser totalmente despojadas por el neoliberalismo. Los capítulos que componen este libro dan cuenta de ello». La apuesta colectiva aparece explícita en el cierre del artículo sobe la salud mental: en un momento en que la angustia colectiva crece junto con la desigualdad, este texto recuerda lo enunciado por el investigador español Ivan de la Mata: «que lo psicológico es político», y que la defensa de la salud mental es inseparable de la defensa de los derechos humanos y de la justicia social.
