Desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos manifestamos nuestro profundo dolor y preocupación por este hecho, que sucedió en el marco de una fuerte medida de fuerza en toda la manzana de salud mental. Al momento de este trágico suceso, la institución estaba a cargo de una médica monotributista que era responsable de la demanda interna y externa.
La delicada situación que atraviesa el sistema de salud mental de la provincia de Córdoba está lejos de avanzar hacia una transformación, y en cambio, profundiza una precaria centralización: sin personal, insumos y edificios que se inundan. Todo esto se traduce en una violación sistemática de los derechos de los/as usuarios/as del sistema, que ven reducidas todas las posibilidades, tanto de atención como de externación.
Desde la sanción de las leyes de salud mental, la provincia de Córdoba no ha avanzado en su plena implementación. Con escasos dispositivos sustitutivos, un sistema de atención comunitaria totalmente desarticulado y desmembrado, hospitales sin recursos humanos, insumos y mantenimiento; esta situación está lejos de mostrar perspectivas de cambio.
Acompañamos el dolor de la familia y la lucha de los/as trabajadores/as y renovamos el reclamo que sostenemos desde hace años: Por la plena implementación de las leyes de salud mental. Este no es un caso aislado, es la consecuencia de un sistema deficitario que no puede cubrir una demanda que aumenta y se complejiza cada vez más.