Ley de salud mental, ¿una oportunidad perdida?

¿Estaremos incubando un “bolsonarismo” en el campo de la salud mental como reacción al desinterés estatal en la materia? *Por Iván Ase para La Voz del Interior.

Asesinan a un policía en un confuso episodio en Caba. La madre de un famoso cantante sufre la internación de su hijo herido por un arma de fuego. Madres de hijos adictos reclaman impotentes frente a las cámaras de televisión por la falta de respuestas institucionales para la problemática de sus hijos. Un vecino denuncia la toma de rehenes en una vivienda del Gran Buenos Aires. Todas estas imágenes, aparentemente diversas y desconectadas entre sí, tienen un hilo que las une: las personas que las sufren acusan a la Ley de Salud Mental de ser la causa de sus padecimientos.

La reciente normativa nacional y provincial de salud mental fue sancionada hace más de 10 años en un clima de enormes expectativas de transformación del campo. Enmarcadas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, venían a ponerle fin a un conjunto de vulneraciones de derechos que padecían las personas con diagnóstico de algún padecimiento subjetivo y habituales usuarios y usuarias de los servicios de salud mental. El modelo de atención de tipo manicomial era la vía a través de la cual se perpetraba esta flagrante vulneración de derechos.

Pero, además, la citada normativa promueve la sustitución del modelo manicomial por un modelo de tipo comunitario centrado en los derechos de las personas. Para lograrlo, era necesario que el Estado, en todos sus niveles, realizara un conjunto de importantes inversiones en el campo con el objetivo de construir una red de dispositivos alternativos (hospitales de día, casas de medio camino, centros de rehabilitación, servicios de internación en hospitales generales, entre otros) que permitieran sustituir de manera gradual los modelos de atención tradicionales.

imagen: Facebook Marcha por el Derecho a la Salud Mental

Sin embargo, a más de 10 años de su sanción es poco lo que pudo avanzarse. Es más, algunas de las consignas (“Un 2020 sin manicomios”) que acompañaron a las normas sancionadas terminaron siendo meras expresiones de deseos. Los gobiernos responsables del proceso de su implementación, ya sea por falta de compromiso o de voluntad política, ineptitud o desidia, jamás realizaron las inversiones necesarias para llevar adelante los enormes desafíos planteados por las normas.

Situación que se complejiza aún más cuando se observa que, mientras se avanza muy limitadamente con lo que las normas prescriben construir y transformar, se siguió avanzando en la reducción de camas psiquiátricas y en la externación compulsiva de pacientes internados, muchos de los cuales quedaron en situación de calle. Es decir, se conformó un escenario que poco tiene que ver con un proceso de transformación. Por el contrario, en nombre de las leyes de salud mental sólo se ajusta al sector.

En este contexto se empieza a construir un consenso principalmente mediático que acusa a la normativa en materia de salud mental de ser la responsable de todo un conjunto de situaciones como las descriptas al inicio de este texto.

Consenso que, en realidad, expresa un enorme desconocimiento y una gran cantidad de prejuicios en torno a la legislación sectorial, y evidencia las carencias del Estado para responder a situaciones extremadamente complejas, producto no de la vigencia de dicha legislación, sino de un largo proceso de desinversión al interior del campo de la salud mental. Consenso que, además, reclama la modificación legislativa en un sentido contrario a la normativa vigente.

La decepción con los resultados del funcionamiento de los sistemas democráticos ha empujado, en el mundo, a importantes sectores de la sociedad hacia la antipolítica, lo que ha generado la aparición de liderazgos políticos de dudosas credenciales democráticas. La llegada al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil sería un ejemplo paradigmático de lo antes dicho.

Ahora bien, pareciera estar sucediendo en nuestro campo de la salud mental algo equivalente. La incapacidad de nuestros gobiernos para priorizar la salud mental como política de Estado y comprometerse con la implementación plena de la normativa sectorial vigente ha provocado tal proceso de deslegitimación social de la misma que hoy se abre la posibilidad de sufrir reformas sectoriales absolutamente violatorias de la normativa internacional en la materia. Reformas que en nombre de la “seguridad”, la “peligrosidad” o la “eficacia terapéutica” reinstauren políticas de encierro, autoritarias y violatorias de los derechos de las personas.

¿Estaremos incubando un “bolsonarismo” en el campo de la salud mental como reacción al desinterés estatal en la materia?

Los problemas que se abordan en el campo de la salud mental son complejos y su resolución no resiste recetas simplificadoras o demagógicas. Lo que se requiere por parte del Estado es un fuerte compromiso político con el proceso de implementación de la normativa vigente que se traduzca, finalmente, en la inversión de los recursos que ellas establecen. Los problemas del campo se resuelven con democracia y garantizando derechos, nunca alimentando recetas absolutamente regresivas.

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