Con la consigna “Cumplir la Ley es prioridad, hay que invertir en la Comunidad”, el próximo viernes 11 se realizará la 9° Marcha por el Derecho a la Salud Mental, una movilización que desde 2014 toma el espacio público para reclamar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Convocada por un amplio colectivo de organizaciones del que forma parte el Observatorio, partirá desde Colón y Cañada a las 17 hs. En distintos momentos de la movilización habrá radios abiertas, intervenciones artísticas y la lectura del documento elaborado por el colectivo organizador y que cuenta con adhesiones de organizaciones locales y nacionales.
Este año el colectivo levanta un fuerte reclamo que incluye el cierre definitivo del Centro Psicoasistencial y la renuncia de la actual Secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, «principal responsable de que en 12 años no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional«.
En el 2014, con dos jóvenes leyes de salud mental (la ley nacional 26657 y la provincial 9848), un Plan Nacional de Salud Mental que había sido lanzado el año anterior, y el ímpetu que venía de una etapa de transformaciones históricas empezamos a conversar con diversas organizaciones que agrupaban a usuarios, a trabajadores y profesionales, a estudiantes y también organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para plantear acciones que visibilicen la casi nula acción que veíamos de parte del gobierno provincial para llevar los dichos a los hechos. Porque si bien a nivel nacional los avances se daban de manera muy lenta, las mayores barreras se presentaban en la provincia, nivel del Estado que además tiene a su cargo la mayor proporción de instituciones, dispositivos y responsabilidad territorial en materia de salud. El gobierno provincial ya mostraba por entonces vocación para los discursos a favor de la ley (de la provincial por ejemplo, se autodefinían autores, ocultando el proceso de discusiones e incidencia de la Mesa de Trabajo en Salud Mental y DDHH que realmente impulsó el debate en torno a la imperiosa transformación del sistema cordobés, y que una vez conseguida la legislación dio pie a este Observatorio) pero un evidente desinterés por hacer algo concreto para implementarlas: políticas, presupuesto, recursos, voluntad política.
La Marcha por el Derecho a la Salud Mental es una expresión popular y democrática, impulsada por un colectivo de organizaciones cordobesas, nucleadas en defensa de la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental y por la transformación del sistema de atención. Esta movilización se multiplicó desde su primera edición en el 2014, tanto en la Ciudad de Córdoba, como en ciudades de todo el país.
Hace 12 años que tenemos la Ley Nacional y la Ley Provincial. La pregunta que nos hacemos es qué se implementó en estos años, qué reformas hubo, por ejemplo, en el sistema de atención en la provincia. Qué nuevos dispositivos comunitarios se abrieron y sostuvieron, qué políticas se implementaron para la reparación de las vidas arrasadas de personas que estuvieron y aún permanecen internadas y segregadas en hospitales neuropsiquiátricos. La respuesta a estas y otras preguntas, son invariablemente negativas y muestran el panorama desolador de la salud mental en Córdoba.
Justicia por Ezequiel Castro: cuando las políticas represivas se conjugan con el poder deshumanizador del aparato sanitario-punitivo
En esta edición la marcha reclama justicia por Ezequiel Castro, quien falleció el 14 de junio de este año en el Hospital Misericordia, luego de ser detenido el 8 de ese mes por la Policía de la provincia y de pasar por el Centro PsicoAsistencial (CPA) organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia. Ezequiel tenía muestras de haber sido víctima de golpes y malos tratos. Esta nota periodística narra los hechos que terminaron en la muerte de Ezequiel y el estado de la causa.
El CPA es una institución creada en el año 2008, contraria a los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental. Distintos informes periodísticos e institucionales han descripto a lo largo de estos años las deplorables condiciones de vida de la institución.
La historia de Ezequiel Castro nos muestra con crudeza la profundidad del drama social que significa el sistema de salud mental de nuestra provincia. En el relato de violencia estatal, que finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo, con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo.
Ni la Secretaria de Salud Mental, organismo responsable del CPA, ni ningún organismo ha brindado respuestas satisfactorias a las demandas de la familia. Por todo esto, desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, exigimos el cierre definitivo del CPA, un organismo que viola la Ley Nacional de Salud Mental, y la renuncia de la Secretaria de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti. Ezequiel tenía 21 años.
