La participación de las personas usuarias de salud mental en las políticas públicas.

La participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas es uno de los estándares internacionales de derechos humanos que sirven de marco a las políticas que cada Estado define. Para cumplir con esta obligación, los Estados deben establecer canales y mecanismos estables y permanentes de participación social en la formulación, implementación y monitoreo de sus políticas, especialmente de aquellas personas a las que están directamente dirigidas las mismas y que incluyan a sectores con dificultades históricas para acceder a vías de participación formal.

La participación social y política

En el campo de la salud mental, la participación de las personas con padecimientos subjetivos está reconocida como un derecho que el Estado debe garantizar, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental (2010) y los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Incluso otros instrumentos jurídicos y políticos anteriores vienen hace tiempo abrevando en este aspecto clave, en el marco de los debates respecto de las transformaciones de los sistemas de salud, impulsadas en el mundo en las últimas décadas.

Sin embargo, la participación efectiva de las personas usuarias en las decisiones sobre las políticas es uno de los aspectos estructurales pendientes, y a pesar de los avances en el reconocimiento de la importancia de esa participación, su ejercicio es aún incipiente en la Argentina.

En este artículo publicado por la revista brasileña en septiembre de 2017, la Mgter. Solana Yoma indaga a partir de una revisión de artículos científicos sobre la participación de las personas usuarias en las políticas públicas de salud mental. Se realizó una búsqueda bibliográfica durante los meses de noviembre 2016-mayo 2017 en las bases de datos Pubmed, Scielo y Lilacs. La muestra de la revisión integrativa quedó constituida por siete artículos relevantes que se adecuaron a los criterios de inclusión. Los documentos obtenidos fueron analizados a partir del software de análisis hermenéutico Atlas Ti 6.1. Como resultado, se constató un creciente reconocimiento legislativo y gubernamental de la participación de las personas usuarias de servicios de salud mental en políticas públicas; la persistencia de cuestionamientos sobre su “capacidad” para participar; una diversidad de barreras que dificultan su participación exitosa; y algunas estrategias para fortalecer esta participación. Uno de los principales desafíos identificados se vincula a la necesidad de superar las creencias prejuiciosas y estigmatizantes que operan como barreras a su participación efectiva, y construir las adecuaciones necesarias que posibiliten que las personas con discapacidad psicosocial puedan participar en igualdad de condiciones que los demás.

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