En medio de la pandemia por el Covid-19, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba cesanteó los contratos de 117 trabajadorxs de distintas áreas, 11 de lxs cuales pertenecen a los Servicios de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Córdoba (SPD).
En un sistema de salud mental deficiente, esta situación produce un impacto aún peor: significa que los SPD que funcionan en los CPC de Pueyrredón y Rancagua quedan sin equipo para realizar el trabajo de acompañamiento situado que venían realizando y desmantela los SPD de Empalme, Ruta 20 y Monseñor Pablo Cabrera dejándolos sin profesionales suficientes para llevar a cabo esta tarea.
Los Servicios de Protección de Derechos forman parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley Nacional Nº 26.601 y Ley Provincial Nº 9944) y fueron creados en el año 2011. La Ordenanza Municipal Nº11817 de creación de estos servicios municipales gratuitos declara que estos tienen como objetivo la prevención, la defensa y la restitución de derechos de dicha población que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
También es esa ordenanza se manifiesta que uno de los objetos de los SPD es “Restablecer la presencia del Estado Municipal en la comunidad, especialmente en aquellas con mayor grado de vulneración de derechos para promover y garantizar el acceso a las políticas públicas integrales, tendientes al fortalecimiento familiar y comunitario”, no obstante, los despidos efectuados por el intendente Martín Llaryora se producen en un contexto de pandemia que agrava las situaciones de vulneración y aumenta exponencialmente las desigualdades sociales.
Preocupados por fortalecer el acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba queremos expresar nuestro repudio y preocupación ante esta situación y exigir que se reincorpore al personal cesanteado para que lxs profesionales pueden garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de lxs niñxs y adolescentes de nuestra ciudad.
La salud mental implica poder acceder a los servicios de salud, al trabajo, la educación y a la cultura, por este motivo, a su vez expresamos nuestra solidaridad con aquellos trabajadorxs de las diferentes áreas, que en este contexto de emergencia y precarización, han sido desvinculadxs de sus fuentes laborales, quedando así desprotegidxs
