Las políticas del gobierno libertario atentan gravemente los derechos de las personas con discapacidad y las personas usuarias de servicios de salud mental. Publicamos esta comunicación/informe elaborado conjuntamente por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba.
Desde la Mesa y el Observatorio, ambas organizaciones cordobesas, que llevamos adelante hace años un intenso trabajo de producción, de monitoreo de políticas públicas, de articulación organizacional, de generación de propuestas y en procesos de incidencia, desde la perspectiva de los derechos humanos, y con el foco puesto en la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378) y las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental (26657 y 9848, respectivamente) nos manifestamos contra las medidas regresivas de los derechos de las personas con discapacidad y los/as usuarios/as de salud mental, que imponen las políticas económicas y de gobierno nacional, y en particular, a partir de la publicación del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, impulsados por el poder Ejecutivo. En términos de los derechos de la población general y específicamente en relación a las personas con discapacidad y usuarios de salud mental, denunciamos que estas medidas son arbitrarias, anticonvencionales, anticonstitucionales e introducen un fuerte sesgo mercantilista, discriminatorio y desregulatorio. En este informe, elaborado conjuntamente por ambas organizaciones, y en diálogo con manifestaciones y producciones de especialistas, activistas, y organizaciones de todo el país, desarrollamos algunas de las principales embestidas que el gobierno nacional viene lanzando, a partir de medidas que implican graves retrocesos en los derechos y las condiciones de vida de la población en general, pero que fundamentalmente implican el avasallamiento sobre colectivos históricamente desfavorecidos.
Las medidas económicas y de gestión desde la asunción del nuevo gobierno hasta el momento representan retrocesos que afectan los derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad y usuarios/as de servicios de salud mental. Por ejemplo:
- Interrupciones en el servicio de transporte de personas con discapacidad: La no actualización de aranceles para transportistas frente al aumento de gastos (principalmente el precio de los combustibles) ha tenido como efecto que los transportistas dejen de prestar servicios porque no logran cubrir los gastos de traslados. Por lo tanto miles de personas con discapacidad y usuarios/as tienen su movilidad interrumpida.
- Agravamiento de la crisis y cierre de Instituciones y/o centros para personas con discapacidad: las organizaciones que brindan servicios para personas con discapacidad (centros de día, centros de rehabilitación, espacios terapéuticos, etc.), y en mayor medida los y las profesionales y prestadores independientes, vienen hace años denunciando la crítica situación económica que atraviesan debido a la cada vez más amplia brecha entre los altos costos de sostenimiento de los espacios y los ingresos provenientes de las obras sociales que no se actualizan al ritmo inflacionario. El efecto inflacionario de la devaluación, la falta de controles de hecho (que mediante el proyecto de Ley Ómnibus se intentan institucionalizar, desregulando el sector salud) junto a la falta de medidas en el sector conjugan el cóctel que profundiza la crisis a niveles insostenibles. En esta nota advierten la gravedad: «no creo que pasemos el mes de enero si no hay respuesta».
- La suspensión de medicamentos y prestaciones profesionales interdisciplinarias y de apoyos del Programa Incluir Salud: Este programa es una suerte de Obra Social del Estado Nacional que brinda cobertura en las prestaciones a aquellas personas con discapacidad beneficiarias de Pensiones no Contributiva sin otra cobertura de salud. Es decir, la población en situación de vulnerabilidad social y económica más acuciante. En esta nota se describe la situación actual: “El gobierno Nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas. Es decir, población que no tiene ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos. Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxígeno; acompañamiento terapéutico; cuidados domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia. Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país”. Esto se suma a una deficiencia histórica respecto a las prestaciones de este Programa Federal, con aranceles deficitarios y con pagos con demoras de hasta seis meses; lo que ha llevado a muchos/as profesionales a rechazar brindar servicios a personas con discapacidad beneficiarias del Programa Incluir Salud por estos motivos.
- La Agencia Nacional del Abogado de Milei: el funcionario de gobierno de recientemente nombrado al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), la autoridad de aplicación en la materia, no sólo no es parte del colectivo de las personas con discapacidad, lo que de por sí vulnera la histórica demanda del colectivo que implica que esos lugares de toma de decisiones en discapacidad sean ocupados por personas con discapacidad formadas en la gestión pública, en el marco del derecho a la participación política y el protagonismo efectivo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones en materia de política pública, sostenido en el estándar internacional de derechos humanos (y consigna global del movimiento): “nada de nosotros/as sin nosotros/as”; sino que además no tiene ningún vínculo reconocido con la discapacidad ni trayectoria pública en la materia. El artículo periodístico “Javier Milei y una designación típica de «la casta»: nombró a su abogado personal al frente de Discapacidad, un área en emergencia” se caracteriza así al nuevo director de la Agencia: “Diego Spagnuolo (…) no tiene pergaminos ni estudios ni antecedentes en la materia sobre la que le toca gestionar, pero sí ostenta en la hoja de su CV una cualidad determinante: es el abogado personal de Javier Milei, al que representó en varias causas.” Por otro lado, se denuncia la reducción del personal de la Andis lo que afecta directamente la prestación de servicios y las acciones al menos iniciadas en la anterior gestión. Quizás deberían sincerar el nombre de la entidad y la consiguiente sigla, por la ANAM.
Desde la Mesa y el Observatorio, nos manifestamos contra las medidas regresivas de los derechos de las personas con discapacidad y los/as usuarios/as de salud mental, que imponen las políticas económicas y de gobierno nacional, y en particular, a partir de la publicación del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, impulsados por el poder Ejecutivo.
La urgencia y la necesidad de violentar la democracia y quitar derechos sociales: la regresividad y la inconvencionalidad es inconstitucionalidad
Múltiples voces de diversos sectores y organizaciones sociales se han manifestado denunciando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), realizó una presentación judicial ante el fuero contencioso administrativo federal expresando que “el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso”. Ya se ha dicho que el DNU 70/2023, deroga o modifica más de 300 normas, (entre las derogadas, por ejemplo: la Ley 27.113 de Producción Pública de Medicamentos). El paso de los días desde su presentación en diciembre no debiera naturalizar este hecho: un único decreto redactado por un puñado de funcionarios entre cuatro paredes pretende pasar por encima toda una biblioteca de normas y leyes discutidas en el marco de los procesos democráticos legislativos. En ese marco, los mecanismos legislativos para legitimar o rechazar este decreto, hoy en vigencia, hoy vulnerando derechos de diversos colectivos, están siendo sometidos a una gran presión política por parte del gobierno y el bloque oficialista.
Del mismo modo, el tratamiento de ese verdadero mamotreto, (como fue calificado por juristas, políticos y periodistas) que es el proyecto de Ley Ómnibus, un paquete de medidas de dimensiones extraordinarias, que entre sus 600 artículos incorpora privatizaciones de empresas públicas estratégicas, una enorme cantidad de desregulaciones, la declaración de emergencia económica, sanitaria y de varios tipos más, y hasta la ratificación del propio DNU y la suma de facultades extraordinarias para el ejecutivo; ha sido estructurado en un mecanismo de debate acelerado que claramente no se ajusta a los plazos necesarios para un debate público adecuado, de cara a la sociedad, y en cambio se presta a las negociaciones clásicas de la «casta» y que por supuesto, no cuenta con el más elemental de los criterios de accesibilidad para promover la participación por ejemplo de las personas con discapacidad: el tiempo. La preocupación general por estos intentos recorre buena parte de la sociedad, y también de nuestras organizaciones:
El DNU 70/2023 denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”
Este decreto, que ya está en vigencia (con consecuencias inmediatas en la vida de las personas) y lo estará hasta que el Congreso lo rechace (si así lo hiciera) significa no sólo un retroceso general en materia de derechos sino la vulneración absoluta de los mismos en materia de discapacidad y salud mental, ya que implica:
- La desregulación de las empresas de medicina prepaga. La Superintendencia de Servicios de Salud (ente de contralor) ya no controlaría las disposiciones respecto al precio de las cuotas mensuales de estas empresas, esto podría significar un aumento discrecional de las cuotas, lo que resulta preocupante por el impacto directo que podría suponer para las personas con discapacidad. De la misma manera resulta preocupante el impacto que la falta de regulación por parte de un ente regulador podría suponer para la calidad de la cobertura, tanto en lo que hace a las prestaciones de asistencia a centros de atención o a las que contribuyen a su vida interdependiente y autónoma.
- Dificultad en la regulación de los honorarios mínimos éticos afectando la continuidad de los tratamientos: se eliminan aranceles mínimos de pagos de parte de las Obras Sociales a las y los profesionales (quien impone el precio es la empresa privada), impactando en la continuidad de las prestaciones y en la calidad de las mismas. Esto agravará aún más las condiciones de atención, potenciando un fenómeno que desde hace años se vive en clínicas y centros privados que maximizan sus criterios mercantilistas de productividad y rentabilidad, desplazando el de la salud como bien público: los y las profesionales son presionados a atender una mayor cantidad de pacientes en la menor cantidad de tiempo, precarizando la atención.
- Posibilidad que las empresas de medicina prepaga pongan un costo diferencial en las cuotas a personas con discapacidad: el punto más preocupante de esta nueva disposición radica en la posibilidad de que las empresas impongan un precio diferencial a las personas que requieran determinadas prestaciones. Como ya es conocido, las prestaciones que una persona con discapacidad requiere son de altísimo costo, por lo que esto dejaría librado a la empresa, la posibilidad de realizar actos discriminatorios contra las personas con discapacidad que requieren más prestaciones. Se podrá elevar el costo mensual a quienes tengan más demanda de atención, como resultado muchas personas que no puedan pagar los costos mensuales podrán quedarse sin cobertura y les será muy dificultoso adquirir una nueva obra social o prepaga.
En términos de los derechos de la población general y específicamente en relación a las personas con discapacidad y usuarios de salud mental, denunciamos que estas medidas son arbitrarias, anticonvencionales, anticonstitucionales e introducen un fuerte sesgo mercantilista, discriminatorio y desregulatorio.
Proyecto de Ley Ómnibus.
Es de enorme preocupación el presente proyecto de Ley que implica, en términos generales una delegación de poderes sin precedentes en la República Argentina y que atenta contra derechos fundamentales de la población, reconocidos por la constitución, en todas las áreas.
- Preocupa profundamente el retroceso en materia de salud mental, un giro hacia el pasado: la institucionalización. El proyecto de ley ómnibus plantea, al modificar artículos principales de la Ley Nacional 26.657, volver a centrar la atención en salud mental en hospitales psiquiátricos monovalentes, algo que en Argentina y en muchos otros países ha demostrado que sólo provoca mayor aislamiento, estigmatización y pérdida de autonomía, lo cual va en contra de la recuperación de las personas.
- Atenta en contra de la Interdisciplina: vuelve a concentrar la decisión sobre la salud de las personas y su tratamiento en manos de los profesionales de la psiquiatría, desplazando a otras disciplinas en contra de la interdisciplinariedad para el abordaje y en contra de la extensa evidencia local y global de la necesidad de formas integrales y comunitarias del abordaje en materia de salud mental, tanto como la arbitrariedad de la decisión de reducir dichas problemáticas en términos psiquiátricos basados en un abordaje medicamentoso y de encierro que, ya lo conocemos de memoria: es un camino que termina en tratos crueles y que recrudecen la situación de salud de las personas.
- Recrudecimiento de las internaciones forzosas: también en términos de salud mental, preocupa profundamente que se amplíen indiscriminadamente las causales para proceder a una internación forzosa. Nuevamente permite que el juzgado resuelva una internación psiquiátrica sin la necesidad de la evaluación de un equipo interdisciplinario.
- Cabe destacar que la propuesta de modificación de la actual Ley de Salud Mental 26.657, se fundamenta en falsos argumentos acerca de la misma, bajo la premisa de no permitir la internación de personas en casos de crisis y/o urgencia, lo cual implica un desconocimiento de que la voluntariedad no anula el “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, lo que sí reconoce la ley como criterio de internación involuntaria bajo estrictos criterios interdisciplinarios de salud.
- Por otro lado, a través de las modificaciones del art 39 de la ley, excluye a las dependencias del Estado, a los Organismos de DDHH y organizaciones de usuarios y familiares del Órgano de Revisión Nacional.
- En materia del abordaje de Consumo Problemático, se establece la posibilidad de una internación por el solo hecho de conocerse un consumo, no sólo criminalizando una situación que atañe al ámbito de la salud sino excluyendo la valoración interdisciplinaria e integral de los casos, que permita determinar si se trata o no de consumo problemático y, en todo caso, plantear abordajes acordes a la situación, con estrategias adecuadas y respetuosas de los usuarios.
- Preocupa a su vez la habilitación a “otras instituciones” de abordaje de los consumos, sin regulación alguna por parte del Estado, dando lugar a las llamadas “comunidades terapéuticas”, de las que la experiencia ha demostrado que son espacios donde existen formas de violencia y vulneración de derechos. Estos espacios están lejos del objetivo de acompañamiento a las problemáticas y generalmente habilitando la adopción de criterios económicos más que sanitarios para la existencia de dichas instituciones.
El proyecto de Ley pretende volver a centrar la atención en salud mental en hospitales psiquiátricos monovalentes, algo que en Argentina y en muchos otros países se ha demostrado que sólo provoca mayor aislamiento, estigmatización y pérdida de autonomía, lo cual va en contra de la recuperación de las personas.
- Las Internaciones en salud mental tienen un alto costo para el Estado: No es menor destacar que, como indica la evidencia existente, la prevención y descentralización de la salud mental además de constituirse en un abordaje respetuoso de los derechos de las personas en materia de salud y derechos sociales (y por lo tanto preferible al sistema manicomial), también implica menor costo para el Estado, mientras que, por el contrario, modelos anteriores basados en el sistema de hospitales monovalentes y esquemas psiquiatrizantes implican mayor costo para el Estado. Entonces ¿si el modelo que se intenta volver a imponer no favorece la eficacia y la austeridad, qué explica este retroceso?
- Claramente las reformas impulsadas en la Ley Ómnibus en materia de salud mental no beneficiarán a las personas usuarias ni a sus familias, algunas de las cuales se manifiestan a favor de estas reformas, pero que sin embargo no solucionarán sus reclamos de fondo: falta de recursos, de especialización, de acompañamiento territorial, de Estado presente, es decir de Implementación real y efectiva de la Ley vigente. En cambio, solo benefician a las corporaciones psiquiátricas, en detrimento de un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, (e insistimos: eficaz) en salud mental, postulado en el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental.
- En otro orden de cosas el proyecto de ley contempla la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo indispensable para la prevención de la disciminación en la sociedad, siendo la discapacidad una de las mayores causas de denuncias.
- En relación a las modificatorias tramadas en el sistema previsional, si se modificara el mecanismo de actualización de las jubilaciones, esto afectaría al cálculo de los montos de las pensiones no contributivas que perciben las personas con discapacidad, y pasarían de tener un sistema regulado por la ley a estar sujetas a los aumentos que disponga el Poder Ejecutivo. Esta modificatoria provocaría una situación de incertidumbre respecto a los ingresos y llevaría al empobrecimiento a muchas personas que logran subsistir con los magros ingresos que significa la pensión (actualmente calculada en $70.000 aproximadamente).
- Las personas con discapacidad del campo artístico denuncian fuertemente el desmantelamiento general de la cultura nacional y el borramiento de instituciones promotoras (Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, el desfinanciamiento de INCAA y del Instituto Nacional de la Música), significando menos recursos para garantizar la accesibilidad a la cultura.
El denominado proyecto de Ley «Ómnibus» implica una delegación de poderes sin precedentes en la República Argentina y que atenta contra derechos fundamentales de la población
En clave local, aportamos algunos datos de preocupación en nuestra Córdoba:
- El nuevo gobernador de la provincia de Córdoba, estableció una nueva disposición respecto a las carteras ministeriales, modificando las orgánicas provinciales. En este orden de transformaciones, la Subsecretaría de Rehabilitación e Inclusión (la que se encontraba bajo el egido del Ministerio de Salud), sufrió una enorme fractura, quedando la Red Provincial de Rehabilitación (con los Centros de Rehabilitación públicos y las Juntas Certificadoras) en el Ministerio de Salud y las áreas sociales (con escasos y deficitarios programas en funcionamiento) bajo el mandato del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano. Esto significa la disgregación de un área visiblemente reducida hace varios años y una profundización de la desarticulación de los sectores del Estado Provincial, con la consecuente fragmentación de los sujetos que deambulan por diferentes ministerios sin respuestas sustanciales a las históricas vulneraciones que les atraviesan. Asimismo aún no existen datos del rango que el área posee dentro del Ministerio.
- Desde la última semana de diciembre el Gobierno de la Provincia viene notificando a cientos de empleados sobre sus despidos. Muchos de estos son compañeros de áreas sensibles como discapacidad y salud, los que venían sosteniendo trabajo precarizados (contratados como “becarios” con ingresos de $85.000 y/o monotributistas con ingresos de $15 0.000), por más de 10 años. Esto significa una enorme reducción del Estado con la caída de muchos programas sostenidos por profesionales.
Claramente las reformas impulsadas en la Ley Ómnibus en materia de salud mental no beneficiarán a las personas usuarias ni a sus familias, algunas de las cuales se manifiestan a favor de estas reformas, pero que sin embargo no solucionarán sus reclamos de fondo: falta de recursos, de especialización, de acompañamiento territorial, de Estado presente, es decir de Implementación real y efectiva de la Ley vigente. En cambio, solo benefician a las corporaciones psiquiátricas, en detrimento de un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, (e insistimos: eficaz) en salud mental, postulado en el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental.
Frente al avasallamiento: organización y movilización
Con la asunción del nuevo gobierno, y la implementación de las nuevas medidas económicas y políticas, el 10 de diciembre se dio inicio a una nueva etapa de neoliberalismo en Argentina. Esta nueva experiencia que llegó al poder prometiendo que el ajuste se iba a realizar recortando privilegios de la «casta política» así catalogada por Milei y sus acólitos libertarios, inició su gobierno desorganizando las estructuras del trabajo y la producción, disparando la ya insostenible inflación, recrudeciendo los niveles de pobreza y desigualdad, vulnerando los derechos de las mayorías, marcando el retroceso en las políticas de Estado, y el impulso al individualismo neoliberal. En poco más de un mes ya vemos las consecuencias en la depresión de las condiciones materiales y sociales de vida de nuestra sociedad. En este comunicado/informe mencionamos algunas de las principales afectaciones de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas usuarias de servicios de salud mental, a partir de las medidas económicas, la promulgación del DNU y el proyecto de Ley ómnibus.
Frente a esta crónica de atropellos anunciados, ¿Qué hacer? La memoria histórica reciente nos muestra que la movilización, la articulación en organizaciones, la incidencia pública, en las redes, en los medios y en las calles pueden torcer lo que se presenta como decisiones inamovibles: pasó con los intentos del macrismo de derogar también por decreto la Ley Nacional de Salud Mental, pasó con el ajuste en las pensiones no contributivas también por aquellos años; pasó fundamentalmente con la intentona del 2 por 1 a los represores y genocidas. No hay otra opción que fortalecer la organización y movilización popular frente al poder de las corporaciones instaladas en el nuevo gobierno, que en poco más de un mes mostraron una voracidad y un apetito por los bienes comunes que deja perplejo a cualquiera que pueda ver con un elemental sentido de humanismo y amor por nuestra historia común.
Hay una experiencia colectiva que permite que hoy, en pleno enero, luego de un 2023 intensísimo, marcado por el agotamiento colectivo, afectado emocional, política y económicamente (no es casual que todos estos atropellos del gobierno se de en el primer mes, entre las fiestas de fin de año) las organizaciones sociales y de derechos humanos, de personas usuarias, de personas con discapacidad, de trabajadores/as y profesionales, activamos para denunciar, para visibilizar, para incidir: participando en las audiencias públicas en el Congreso, manteniendo reuniones con legisladores/as, produciendo información como en este caso, alertando a la población, sumando voces a las de distintos sectores del trabajo, la producción, la cultura, la educación, los jubilados, etc. Todos los sectores hoy están siendo atacados y en riesgo. Porque es el sentido de tener un futuro en común lo que está en juego. En ese marco, la movilización del 24 de enero es una oportunidad y debe ser histórica. Debe ser la demostración que los derechos no se negocian, que nuestra historia, nuestro país, nuestro futuro, no están en venta.
