La imperativa necesidad de una supervisión integral y una transformación profunda en salud mental en Córdoba
Por Jaschele Burijovich
Ilustraciones: Paco Ferreyra (arte.bestiario)
En julio, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó el informe nacional 2024 y el informe específico sobre Córdoba. En este artículo, nuestra compañera Jaschele Burijovich analizó y destacó las principales claves de ambos informes que ponen en relieve la importancia de avanzar en políticas públicas con real perspectiva en derechos humanos para eliminar la persistencia de las vulneraciones y deficiencias en el sistema de salud mental.
La sistemática vulneración de derechos en el ámbito de la salud mental en Córdoba demanda la urgente creación de un Órgano de Revisión de Salud Mental y de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La ausencia de una entidad con la capacidad de controlar, monitorear y proponer transformaciones integrales ha resultado en la implementación de medidas parciales que no logran abordar la complejidad de las problemáticas existentes.
Hace algunos años, la movilización del personal de salud frente a la internación de usuarios judicializados en el Hospital Neuropsiquiátrico impulsó la creación del Centro Psico-Asistencial (CPA). Sin embargo, la trayectoria del CPA ha revelado una persistencia en la vulneración de los derechos de las personas internadas, lo que ha motivado la actual demanda por su cierre. La propuesta de establecer un hospital en la cárcel como respuesta a esta demanda, o el aumento de medidas de sujeción tras denuncias sobre salas de aislamiento, ejemplifican la tendencia a soluciones fragmentadas.
Es fundamental comprender que estas «soluciones parche» perpetúan las prácticas manicomiales. Lo que se requiere es una transformación estructural y profunda de las prácticas en salud mental, que priorice la dignidad de los usuarios y garantice el pleno respeto de sus derechos humanos. Solo a través de un enfoque integral y una supervisión efectiva se podrá desmantelar la vulneración sistemática y construir un sistema de salud mental basado en el respeto y la inclusión.
La red de salud mental en la actualidad enfrenta una carencia crítica de dispositivos y equipos adecuados, lo que imposibilita una atención integral, acompañamiento efectivo y prevención oportuna de las problemáticas de salud mental. Esta deficiencia estructural conduce a que individuos en situación de vulnerabilidad experimenten crisis agudas que, paradójicamente, terminan siendo abordadas por las fuerzas de seguridad en lugar de recibir la asistencia especializada que debería proveer el sistema sanitario.
La persistente falta de recursos en el ámbito de la salud mental no solo genera un profundo dolor y sufrimiento en las personas afectadas y sus entornos, sino que, en un número preocupante de casos, derivan en desenlaces fatales. Es imperativo, en este contexto, rememorar aquellas vidas que se han perdido como consecuencia directa de estas falencias. En este sentido, honramos la memoria de Dolores Sepúlveda, Ezequiel Castro, Julieta Amaya, César Moreno y Jesica Pereira, entre muchísimos otros, cuyas historias trágicas subrayan la urgencia de una reforma y una inversión significativas. Su recuerdo debe servir como un llamado ineludible a la acción para garantizar que ninguna persona más deba enfrentar la crisis de salud mental en soledad y sin el soporte adecuado del sistema de salud.
la trayectoria del CPA ha revelado una persistencia en la vulneración de los derechos de las personas internadas, lo que ha motivado la actual demanda por su cierre
La salud mental en el Informe Anual 2024
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo público de Argentina creado por la Ley N° 26.827 en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). Su principal objetivo es prevenir la tortura y otros malos tratos en lugares de privación de libertad, como cárceles, comisarías, centros de salud mental, residencias para niños, niñas y adolescentes, y hogares para personas mayores.
El CNPT realiza inspecciones, monitoreos, investigaciones y recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos en estos contextos. Además, coordina el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que incluye Mecanismos Locales en distintas provincias, y trabaja en articulación con organismos internacionales, organizaciones sociales y autoridades nacionales y provinciales.
El Informe Anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) detalla las acciones realizadas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Argentina. En el mismo sistematiza la situación de la salud mental en los contextos de privación de la libertad y en el sistema de salud mental.
En los contextos de privación de libertad, las condiciones materiales y el hacinamiento generan problemas de salud mental como el estrés agudo, depresiones y suicidios. Se detectó un uso excesivo de psicofármacos como mecanismo para gestionar conflictos en unidades penitenciarias y dispositivos de salud mental. La sobremedicación se utiliza como una forma de control, sin considerar los efectos adversos en la salud de las personas. Los profesionales de salud mental no dan abasto para atender la demanda existente.
En el sistema de salud mental se registró un retroceso en los programas de externación debido a recortes presupuestarios y falta de dispositivos intermedios y residenciales. Las personas usuarias enfrentan obstáculos para salir de los dispositivos de salud mental, lo que genera reingresos y prolonga su institucionalización. Se flexibilizaron los controles y habilitaciones de hospitales monovalentes, promoviendo el retorno al modelo médico hegemónico, lo que contradice la Ley Nacional de Salud Mental.
Se impulsó la construcción de hospitales dentro de complejos penitenciarios y se detectaron problemas como falta de especialidades necesarias y vacancia de profesionales.
En algunas provincias, las personas inimputables permanecen en unidades penales o dispositivos de salud mental dentro de unidades penales, lo que genera riesgos de abuso y falta de atención adecuada. Las medidas de seguridad suelen exceder el plazo que hubiera sido impuesto de haber sido condenado, lo que contradice el principio de proporcionalidad. En algunos casos, estas personas permanecen en condiciones que priorizan aspectos securitarios por encima de los sanitarios.
Se registraron casos frecuentes de suicidios y autolesiones en contextos de encierro, vinculados a la falta de atención adecuada y las condiciones de detención.
El documento destaca la necesidad de fortalecer los dispositivos de salud mental, garantizar la atención adecuada y promover la implementación de políticas públicas que respeten los estándares internacionales.
El Informe Anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) detalla las acciones realizadas para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Argentina. En el mismo sistematiza la situación de la salud mental en los contextos de privación de la libertad y en el sistema de salud mental.
Informe 2024 del CNPT sobre la situación en Córdoba
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) ha emitido un informe de seguimiento sobre la situación en la provincia de Córdoba, aprobado mediante la Resolución CNPT-034/2025. Este informe, elaborado en junio de 2024, arroja luz sobre preocupantes deficiencias en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en diversos contextos de encierro, incluyendo establecimientos penitenciarios, centros de salud mental y lugares de detención.
Entre las principales problemáticas señaladas, el CNPT destaca la falta de creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) en Córdoba, a pesar de recomendaciones previas y compromisos asumidos por las autoridades provinciales. El informe también documenta el uso alarmante de medidas de sujeción química y mecánica en establecimientos penitenciarios y centros de salud, prácticas que podrían constituir tortura y malos tratos. Además, se detallan casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia estatal, evidenciando deficiencias en las investigaciones judiciales y en el abordaje integral de estas situaciones. La sobrepoblación y el hacinamiento en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y otros establecimientos penitenciarios también son puntos críticos, así como las observaciones sobre el Centro Psico-Asistencial (CPA) y el Hospital Neuropsiquiátrico, donde se señalan problemas en la atención de personas con padecimientos mentales y el uso indebido de sujeciones.
El CNPT no solo identifica las problemáticas, sino que también formula recomendaciones dirigidas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Córdoba. Estas recomendaciones buscan mejorar las condiciones de detención, garantizar los derechos humanos y, fundamentalmente, prevenir la tortura. El informe se sustenta en un trabajo que incluyó reuniones con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales, complementado con un análisis de datos sobre investigaciones judiciales y muertes bajo custodia.
Informe sobre la salud mental en Córdoba:
Inspección del Hospital Neuropsiquiátrico
El Hospital Neuropsiquiátrico, un centro monovalente con 59 camas, ofrece servicios de guardia de salud mental, consultorios externos y consultorios de clínica médica para pacientes internos.
Desafíos y Cambios Recientes
Las autoridades del hospital manifestaron una falta de personal que limita la oferta de actividades para los usuarios. A pesar de esto, el «Programa de fortalecimiento hospitalario» del Gobierno Provincial, iniciado en 2024, busca otorgar a los directores mayor autonomía y recursos económicos. El hospital ha utilizado fondos propios para realizar mejoras en las áreas de internación.
Un problema significativo es el aumento de la demanda de personas con problemas de consumo desde el cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) en 2022. Esto ha generado dificultades en la atención, cambios en la población y la organización de los sectores de alojamiento. Recientemente, se confirmó el cierre de 20 camas de internación y el traslado de profesionales a otros centros de salud, sin medidas previas para garantizar la atención ambulatoria, domiciliaria o en nuevos dispositivos.
Visita de Inspección y Observaciones
Durante la visita, se encontraron 51 usuarios internados, la mayoría con internaciones breves. En el sector de ingresos (sector 1), donde conviven hombres y mujeres, los pacientes no pueden usar el teléfono para comunicarse con familiares o defensa en casos de internaciones involuntarias, aunque se mantienen las visitas. Estos pacientes tampoco tienen contacto con otros usuarios ni pueden circular por el hospital.
Los mecanismos de sujeción se registran en las historias clínicas digitales, aplicándose por orden médica y controlados por enfermería por períodos breves. En los sectores generales de internación, las restricciones son menores y los usuarios pueden circular libremente.
En cuanto al mantenimiento edilicio, se observaron obras de mejora. Las áreas comunes carecían de televisión u otros elementos de entretenimiento, aunque se estaban gestionando su compra e internet. Los usuarios reclamaron más actividades recreativas.
El hospital también atiende a mujeres con internaciones judiciales o derivadas del Servicio Penitenciario, ya que el CPA (Centro Psico-asistencial) solo aloja hombres. Existe una articulación con los organismos judiciales.
Problemática del Uso de Sujeciones Policiales
Un punto crítico es el uso de esposas por orden judicial para pacientes judicializados, lo cual contraviene los criterios de salud mental. A pesar de las advertencias del personal de salud sobre las consecuencias iatrogénicas, estas sugerencias suelen ser rechazadas. En septiembre de 2023, la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia emitió la Recomendación N° 21, prohibiendo el uso de esposas y mecanismos similares para personas privadas de libertad internadas por urgencias psíquicas.
El caso de Julieta Amaya ejemplifica esta problemática: internada por orden judicial con custodia policial y esposada a la cama durante 9 días, a pesar de los reiterados pedidos del personal médico para que se levantara la medida. Julieta falleció bajo estas condiciones. Las investigaciones administrativas y judiciales están en curso, confirmando que la colocación y el retiro de las esposas fueron responsabilidad de la custodia policial y no una medida médica.
Recomendaciones
El documento finaliza con las siguientes recomendaciones:
- Al Poder Legislativo: Urge la creación del Órgano de Revisión de Salud Mental.
- Al Ministerio de Salud:
- Remitir el Plan Provincial de Salud Mental, incluyendo presupuesto y avance, y cualquier plan de adecuación del Hospital Neuropsiquiátrico.
- Generar espacios institucionales para abordar la problemática de los consumos, reforzando lineamientos y formalizando la red de articulación.
- Implementar mecanismos que faciliten la comunicación de las personas internadas (teléfonos fijos o celulares).
- Al Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Poder Judicial: Erradicar el uso de esposas y adecuar las estrategias de intervención para personas judicializadas a la Recomendación N° 06/2023 del Órgano de Revisión de Salud Mental sobre el uso de consignas policiales.
Seguimiento de Observaciones en el Centro Psicoasistencial (CPA)
El informe detalla el seguimiento a las observaciones realizadas en 2023 en el Centro Psicoasistencial (CPA), un establecimiento que ha sido objeto de preocupaciones recurrentes. Las observaciones iniciales se centraron en la internación de personas judicializadas por delitos menores, el uso prolongado de camas clínicas, la escasez de recursos básicos (como vestimenta y colchones adecuados), la falta de actividades terapéuticas y las dificultades en la comunicación de los pacientes. También se hicieron observaciones sobre los protocolos internos, especialmente los relacionados con las medidas de contención.
Población y Tiempos de Internación
Actualmente, se ha registrado una disminución en la población alojada en el CPA, pasando de 29 personas en 2023 a 17 en 2024. De estas, 9 provenían de unidades penitenciarias y 8 ingresaron directamente por procedimientos policiales.
Se proyecta el cierre de este dispositivo y la apertura de uno modular en el complejo penitenciario de Bouwer, lo que ya ha llevado a la clausura del ala «A» del establecimiento, aunque se constató que aún albergaba a una persona. Los tiempos de internación siguen siendo breves, con ningún paciente permaneciendo más de un mes.
Lineamientos y Protocolos
Se han receptado algunas de las observaciones del CNPT en relación con los protocolos internos. El «Protocolo de actuaciones» ha sido modificado, eliminando términos como «peligrosidad» y adoptando el concepto de «riesgo cierto e inminente», en línea con la Ley Nacional N° 26.657. La nueva versión también detalla mejor los procedimientos y roles del personal.
Sin embargo, el «Protocolo de medidas de control de movimientos» (anteriormente de atención de crisis) no incorporó las sugerencias del CNPT. Este protocolo sigue concibiendo las sujeciones como un recurso terapéutico en sí mismo, lo que se aparta de las normativas y estándares vigentes. Además, se decidió no especificar el tipo de medicación a utilizar en crisis, a pesar de la importancia de detallarla para evitar combinaciones riesgosas.
Delitos de Baja Lesividad
En 2023, se observó que varias personas internadas en el CPA lo estaban por delitos de baja lesividad. Se recomendó al Poder Judicial reforzar el control de estas órdenes de internación y considerar alternativas como controles ambulatorios.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha respondido con iniciativas como el Acta de Acuerdo Reglamentario «A» N° 1770 (2022) y el Plan Piloto (2023), que instan a los funcionarios judiciales a considerar los marcos legales específicos (penal y salud mental) para garantizar el derecho a la salud. Estas acciones buscan que la valoración de los criterios de internación se gestione en el ámbito sanitario.
A pesar de estas iniciativas, el CNPT señala que no todas las personas en el CPA están siendo alcanzadas por estos acuerdos. De los 17 internados, el 35,29% (6 personas) estaban por delitos leves (resistencia a la autoridad y hurto).
Hechos de Tortura y Malos Tratos
El informe documenta testimonios de uso de sujeción química y mecánica que exceden los criterios médicos. Se reportó que estas medidas se aplicaban incluso en una sala específica para quienes se quejaban o discutían con el personal. Los pacientes exhibían dificultades para conversar y moverse debido a la medicalización excesiva.
Se describieron casos de maltrato durante los traslados, con agentes penitenciarios agrediendo a personas sujetas con esposas. Al llegar al CPA, los pacientes no recibieron atención por la violencia sufrida y, en su lugar, se les aplicaron sujeciones en la cama bajo el argumento de «preservar su integridad y la de terceros». Las personas entrevistadas también cuestionaron la atención profesional, refiriendo que no se les permitía tener prendas de abrigo, no recibían información sobre su medicación y eran atendidas de manera superficial y frente al personal penitenciario.
Las descripciones de los entrevistados concuerdan con investigaciones penales por tortura, que detallan la aplicación de sujeciones de pies y manos a la cama con cintas «de tela de avión» y la inyección de psicofármacos en esas condiciones. Se han identificado causas judiciales por muertes en el CPA, ocurridas bajo el empleo de medidas de contención, como el caso de Ezequiel Castro, fallecido en 2022 tras cinco días de internación. La investigación judicial en este caso ha presentado problemas, con rechazo y demora en la provisión de pruebas solicitadas por la querella. El CNPT ha solicitado a la Fiscalía General que garantice una investigación eficaz.
Además, se tomó conocimiento de un caso similar en el que un joven, tras ser detenido y trasladado al CPA, fue golpeado y resultó con hipoxia cerebral y estado vegetativo. La investigación de este caso está en curso, con declaraciones testimoniales, pero sin imputaciones ni indagaciones hasta el momento.
Recomendaciones
El informe concluye con las siguientes recomendaciones:
- Al Ministerio de Salud:
- Remitir información sobre el proyecto de cierre y transformación del CPA en un dispositivo modular en Bouwer, especificando si se seguirán recibiendo internaciones por procedimientos policiales o si se derivarán a la red de salud pública.
- Adecuar el «Protocolo de medidas de control de movimiento» para la atención de urgencias en salud mental, basándose en los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.
- Al Poder Judicial:
- Si bien se destacan las actas de acuerdo reglamentario implementadas, se insta a fortalecer el control de las órdenes de internación con custodia permanente para personas con padecimientos mentales imputadas por delitos de baja lesividad.
Considerar medios alternativos que no impliquen una acción penal, sino un abordaje terapéutico enfocado.
