La Ley Nacional de Salud Mental previó la obligación de sustituir definitivamente las instituciones psiquiátricas monovalentes, y crear un sistema de atención en salud mental en la comunidad que respete los derechos humanos. Esa misma ley estableció al año 2020 como fecha límite para alcanzar esa meta, pero el sistema de salud mental de Argentina sigue situado en el hospital psiquiátrico de tipo manicomial, y no ha experimentado cambios sustantivos desde la sanción de la ley, salvo algunas excepciones. Para cerrar los monovalentes, hay que abrir los dispositivos sustitutivos. De eso se trata invertir en la comunidad.
Desde Colectivo por el Derecho a la Salud Mental denunciamos que el actual gobierno provincial usa la letra de la ley y el argumento de la desmanicomialización, para implementar políticas de ajuste y vaciamiento a los hospitales públicos. Un claro ejemplo de ello fue el cierre del IPAD con el supuesto objeto de “pensar otra estrategia, otro paradigma de atención como es para nosotros la adecuación de los hospitales generales”, como ha afirmado Guidetti a la prensa al hacerse pública esta decisión.
«el actual gobierno provincial usa la letra de la ley y el argumento de la desmanicomialización, para implementar políticas de ajuste y vaciamiento a los hospitales públicos»
Colectivo por el Derecho a la Salud Mental
Si el cierre del IPAD se hubiera dado luego de la adecuación de los hospitales generales para la atención de urgencias en salud mental y adicciones, si en su lugar hubiera otros dispositivos alternativos (dispositivos territoriales, centros de día, casas de medio camino), desde el Colectivo hubiésemos celebrado su cierre. Pero, el modo en que ocurrió este cierre nos lleva a hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué pasó con las personas que estaban el IPAD?, ¿Qué ocurre con aquellos que necesitaban ese lugar?
