«Salud mental en Córdoba: entre los dichos y los hechos se vulneran los derechos»
por Soledad Buhlman
Dir. Jaschele Burijovich
Colaboración Martín Passini
Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba
En la entrega anterior iniciamos una serie de notas basadas en un trabajo de investigación realizado por la autora y dirigido por la Mgter. Jacinta Burijovich, que en colaboración con el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos proponen un recorrido por el campo de la salud mental de la Córdoba actual. En este segundo artículo hablaremos del tránsito de les usuaries de salud mental por el sistema de salud cordobés y con ello de políticas públicas de salud, de desigualdades, de pobreza y de estigmatización social.
Estigma, discriminación y exclusión en el sistema de salud cordobés
En el trabajo se resalta que Córdoba es la quinta provincia más extensa del país y la segunda más poblada de la República Argentina. Además, que la capital está fuertemente urbanizada, el 35% de la población del gran Córdoba no cuenta con cobertura de la seguridad social (obras sociales) y necesariamente se vuelca a la atención de servicios del subsector público de salud. Un diseño de política pública eficaz en la matería no debería desdeñar estos datos elementales: lo esperable sería contar con un sistema de salud fortalecido con capacidad para responder a las necesidades de salud de la población.
Además, la información relevada nos demuestra que en particular los padecimientos mentales son un problema frecuente en materia sanitaria en la ciudad de Córdoba. La demanda por problemas de salud mental que reciben los servicios públicos es diversa y se presenta combinada con problemas sociales que afectan las condiciones concretas de existencia de las personas y comunidades. Esta situación configura un perfil de padecimiento psicosocial que exige al sistema público el desarrollo de estrategias complejas para resolver los problemas integralmente; pero también para prevenirlos y promover salud.
Como ya se advirtió en el Informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hay patrones que se repiten y preocupan a nivel global y Córdoba no es la excepción. Al caracterizar algunas poblaciones relacionadas con servicios públicos de salud mental de la ciudad se reafirma la existencia de vínculos indisolubles entre salud mental y salud pública, derechos humanos y desarrollo socioeconómico. Se observa que un elevado porcentaje de la población estudiada depende del sistema público de salud; pero además que las personas con problemas de salud mental o usuarias de servicios de salud mental, con frecuencia experimentan una amplia gama de problemas sociales estructurales.
La demanda por problemas de salud mental que reciben los servicios públicos es diversa y se presenta combinada con problemas sociales que afectan las condiciones concretas de existencia de las personas y comunidades
En el trabajo se tomó dicho informe sobre salud mental y derechos humanos como una de las referencias de análisis, lo que permitió identificar que les usuaries en Córdoba conviven con el acceso desigual a oportunidades, falta de apoyos y la persistente asociación entre padecimiento mental y pobreza. Pero además, que los obstáculos que se presentan para el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales también están afectando la salud mental de las comunidades. Esta situación de desprotección, que se agravó a partir de la pandemia, provoca problemas subjetivos individuales, vinculares, familiares, comunitarios y/o profundiza padecimientos mentales pre-existentes. También, muchos problemas de salud mental que inician en el plano singular, por la falta de políticas intersectoriales, se terminan configurando como problemas psicosociales que impiden el desarrollo de una vida digna.
En consecuencia, este conjunto de situaciones aporta a la construcción de grupos vulnerables y marginados de la sociedad que además soportan violaciones o inobservancia de sus derechos humanos fundamentales en el mismo sistema de salud cordobés. La discriminación implícita o manifiesta del sistema, así como sus limitaciones para evitar el deterioro de la salud y garantizar el acceso a la atención universal, resulta en la profundización del sufrimiento subjetivo.
El acceso y ejercicio del derecho a la salud mental de estos grupos, en este momento depende principalmente de los esfuerzos desarticulados de servicios y equipos de salud, que buscan herramientas en los márgenes de la política para construir estrategias de intervención que resuelvan los problemas. Esta combinación perjudicial entre pobreza-desigualdad-discrecionalidad muestra el lugar de marginalidad que ocupa este grupo de la población, pero también los servicios y equipos que intentan sostener una práctica en salud mental con mirada de APS y Enfoque de Derechos.
muchos problemas de salud mental que inician en el plano singular, por la falta de políticas intersectoriales, se terminan configurando como problemas psicosociales
Asimismo, se señala que les usuaries de salud mental en diversos ámbitos de su vida (sociales, educativos, laborales, familiares) se enfrentan con creencias negativas y estereotipos erróneos sobre los problemas de salud mental, pero ésto también ocurre en entornos de salud de los tres niveles de atención. La escasez de políticas sanitarias inclusivas y respetuosas de derechos perpetúa el estigma y la discriminación sufrida, muestra las debilidades del sistema de salud y va en perjuicio de la atención brindada. Las personas con padecimiento mental también padecen discriminación indirecta cuando deben someterse a tratamientos innecesarios, incluso internaciones, por ser los únicos mecanismos para acceder a una cobertura mínima (pensiones, servicios, prestaciones, etc.).
Es decir, por la falta de políticas adecuadas, la trayectoria que experimentan les usuaries en el sistema de salud de Córdoba dependen en gran medida de la capacidad desarrollada por cada servicio y equipo para compensar las desigualdades y evitar las frecuentes experiencias de inequidad y exclusión.
Respecto a lo anterior se concluye que, desde la sanción de las leyes de salud mental los avances logrados por la provincia son insuficientes para cubrir la demanda en salud mental de la población. En el análisis del sistema de salud/salud mental se observó una combinación perjudicial de componentes políticos, económicos y técnicos. El Estado aún no consiguió reformular el modelo de gestión (o político), el modelo económico (financiación) y el modelo técnico (de atención) sostenido. Desde entonces y como respuesta no cesan las denuncias de grupos de usuaries, trabajadores y familiares, las declaraciones y recomendaciones de mecanismos de consulta y monitoreo nacionales, los informes y propuestas de organizaciones sociales de salud mental y derechos humanos, y las marchas encabezadas por el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental de Córdoba.
El acceso y ejercicio del derecho a la salud mental de estos grupos, en este momento depende principalmente de los esfuerzos desarticulados de servicios y equipos de salud, que buscan herramientas en los márgenes de la política para construir estrategias de intervención que resuelvan los problemas.
Elegimos cerrar destacando que los numerosos hechos de desatención, de violencias, de abandono y hasta de muertes evitables, ocurridas en el tránsito de les usuaries de salud mental por el sistema de salud cordobés, sigue despertando el rechazo, repudio y demandas concretas de respuesta inmediata hacia las autoridades responsables, por tratarse de situaciones con gravedad institucional, omisión de principios legales fundamentales y una clara violación a los derechos humanos. Desde hace más de 10 años en Córdoba el movimiento de salud mental en busca de un mundo más justo marcha denunciando inclumplimientos y graves violaciones a los derechos humanos, proponiendo estrategias públicas, facilitando agendas construidas colectivamente que incluyen la voz de las personas usuarias, familiares y amplios sectores del campo.
En esta segunda entrega delineamos algunos de los trazos principales que describen el contorno, la situación general de la salud mental en la provincia de Córdoba, un panorama en el que lo que sobresale es la fragmentación y desarticulaciòn entre los discursos oficiales, la institucionalidad, el sistema de atención y las políticas, y lo que se consolida son los efectos negativos de tal fragmentación en espirales de padecimientos subjetivos y colectivos. En la próxima entrega avanzaremos en el análisis sobre algunos de los principales problemas que se presentan como resultado de la institucionalidad y la organización del sistema de salud en Córdoba.
